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Políticas
Las agencias de viaje, integradas para sobrevivir en Avoris
El Gobierno sube sanciones por conducir con móviles y presta de 320 millones a Barceló y Globalia

    


El Consejo de Ministros de este martes decidió inyectar 320 millones en préstamos participativos y ordinarios para facilitar la integración y supervivencia de las agencias de viaje Barceló y Globalia en Avoris. Tambien reformó y agravó las sanciones para los conductores que usen el teléfono móvil al volante e impulsa cursos de conducción segura para mejorar la educación vial y recuperar puntos. El Ejecutivo también ha presentado el Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto Demográfico.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley que reforma la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en la parte relacionada con el permiso y la licencia de conducción por puntos, en vigor desde el año 2006.

La reforma se integra en la estrategia del Gobierno de impulsar un nuevo modelo de seguridad vial, en línea con la Unión Europea, que reduzca en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves en la próxima década y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se agravan las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan un mayor riesgo para la conducción, como hablar por el móvil o hacer un mal uso de los elementos de protección y seguridad.

Montero ha resaltado que una de las principales modificaciones de la norma es que distingue dos tipos de infracciones en el caso de utilización de los teléfonos móviles. Si se sujeta con la mano mientras se conduce, la sanción es la pérdida de seis puntos. Si se utiliza, sin sujetarlo con la mano, se perderán tres puntos. Además, el conductor perderá cuatro puntos, en vez de tres, si no utiliza correctamente el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco u otros elementos protección.

Otras medidas implican que se unifica en un plazo de dos años el tiempo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos. Se establece la prohibición de rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad al adelantar. La posesión de un dispositivo de detección de radares será motivo de infracción y de pérdida de tres puntos, aunque no se esté utilizando.

Por otra parte, se promueve la participación de los conductores en cursos de conducción segura, que será recompensada con la recuperación de entre dos y quince puntos.

Regulación de los servicios de auxilio en carretera

El Gobierno también ha regulado los servicios de auxilio en vías públicas para aumentar la seguridad de estas operaciones, que implican un alto grado de peligrosidad.

María Jesús Montero ha detallado que cada día se realizan más de 11.000 operaciones de este tipo, en las que, desde 2015, han fallecido más de 60 operarios, 113 han sido hospitalizados y 769 han resultado heridos mientras rescataban o retiraban vehículos parados en las vías interurbanas.

La portavoz ha avanzado que el sistema de señalización de un vehículo inmovilizado mediante dos triángulos, colocados delante y detrás del mismo, se sustituirá por un dispositivo luminoso de color amarillo que se situará en la parte más alta del vehículo, sin necesidad de salir de él, de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

Esta nueva señalización, ha añadido Montero, garantiza su máxima visibilidad y comunicará su activación, desactivación y geoposicionamiento al Punto de Acceso Nacional en materia de Tráfico y Movilidad.

Además, la nueva norma crea la señal V-27, un "triángulo virtual" que se activará en el sistema de "a bordo" del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo. Su incorporación al vehículo será voluntaria.

Apoyo a la solvencia empresarial

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Ejecutivo ha autorizado al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas la aprobación de la operación de respaldo financiero público temporal solicitado por Avoris Corporación Empresarial S.A., sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia.

La ministra de Hacienda ha precisado que la ayuda suma un importe total de 320 millones de euros y se canalizará a través de un préstamo participativo de 163,2 millones y de un préstamo ordinario de 156,8 millones.

Montero ha recordado que el Fondo de Apoyo a la Solvencia es un mecanismo aprobado por el Gobierno en julio de 2020 para prestar un apoyo público temporal a las empresas financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19 que son consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

Día Internacional de la Discriminación Racial

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el próximo domingo, 21 de marzo.

María Jesús Montero ha manifestado que, en esta declaración, el Gobierno reconoce la labor realizada por la sociedad civil en este ámbito y pone de relieve que las políticas destinadas a la eliminación de la discriminación racial y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva son prioritarias.

Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto Demográfico

La vicepresidenta cuarta y
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha comparecido para explicar el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico aprobado en la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico, reunida esta mañana en Moncloa.

Este Plan contiene 130 medidas, que movilizarán una inversión estimada de más de 10.000 millones de euros en el período 2021-2023, asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Supone el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios", ha afirmado la vicepresidenta.

Los cuatro ejes clave de las acciones previstas son la transición verde, la transición digital, la eliminación de las brechas de género y la cohesión social y territorial.

Entre las medidas para impulsar una transición ecológica justa y beneficiosa para el medio rural, Ribera ha destacado el programa de rehabilitación y las convocatorias de eficiencia energética para edificios públicos y privados, el desarrollo de comunidades energéticas locales, los proyectos piloto de movilidad sostenibles y otras iniciativas de integración de energías renovables.

Respecto a la digitalización, serán prioritarios el despliegue de redes de banda ancha y de servicios 5G en corredores de transporte fuera de grandes poblaciones, así como los programas de formación y capacitación para favorecer la empleabilidad en este sector. Las herramientas digitales, ha continuado Ribera, también deben permitir crear una administración pública más cercana, por ejemplo, con una unidad de catastro para el medio rural y oficinas municipales de justicia en 6.600 municipios.

Habrá planes de apoyo para dar respuesta al envejecimiento de la población y dar oportunidades laborales de calidad a través de centros de innovación territorial para el emprendimiento local, con especial atención a los jóvenes y a las mujeres, que contarán con programas específicos, proyectos piloto y líneas especiales de financiación.

La vicepresidenta ha señalado que estas medidas, que impulsa el Gobierno, solo tendrán su pleno efecto si se suman al esfuerzo el resto de administraciones y los actores locales, sociales e institucionales: "Es imprescindible la participación de todos".

En este sentido, ha agradecido la recepción de 4.200 propuestas desde diciembre, de las que el 60% procedían de las administraciones de pequeños municipios, "lo que pone de manifiesto el compromiso y la voluntad de construir un futuro mejor para sus conciudadanos de los alcaldes y las corporaciones locales".

5,7 millones de personas en municipios de menos de 5.000 habitantes

En España, según los datos aportados por Teresa Ribera, los más de 6.800 municipios con una población inferior a 5.000 habitantes concentran a un total de 5,7 millones de personas. Muchos se sitúan en zonas por debajo del umbral de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que son zonas de riesgo según la clasificación de la Unión Europea.

Asimismo, las zonas rurales generan entre el 20% y el 30% del PIB en España, un porcentaje muy inferior al 40% que se alcanza en Francia o el 50% de Alemania. Esta pérdida de concentración de renta y riqueza se suma al descenso, envejecimiento y masculinización de la población como los principales problemas de la España interior.

Asuntos de actualidad


Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Durante su intervención inicial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha informado de que los cambios que se produzcan en el Ejecutivo, tras el anuncio del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de abandonarlo para concurrir a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, no variarán el acuerdo firmado entre las dos formaciones que lo componen. "Consiste básicamente en no dejar a nadie atrás y en aprobar medidas ambiciosas para combatir el impacto social y el impacto económico de la crisis sanitaria", ha dicho.

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