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Otras políticas de inclusión
Prohibido este 8-M y más restricciones en Semana Santa
España baja a país 18°en equidad de género, mejorada con la COVID en el mundo desarrollado y latino

    


A pesar de la pandemia, 27 países de todo el mundo promulgaron reformas, aumentando las buenas prácticas normativas de 45 economías, según un estudio comparativo de Banco Mundial sobre la equidad de género. La mayoría introdujeron o enmendaron leyes en áreas de remuneración y parentalidad, donde flojea la España que acaba de prohibir manifestarse este 8-M y anuncia más restricciones en Semana Santa. Bajamos de país 17° a 18° en el ranking mundial, mientras Portugal sube del número 16° a 9°.

La leve bajada comparativa de España en el indice de equidad de género del Banco Mundial  2021 se conoce ante otro polémico 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ante el que el Gobierno ha prohibido al final todas las manifestaciones por el 8M, según ha comunicado José Manuel Franco (su delegado en Madrid) por "motivos de salud pública". La prohibición llega tras una extensa polémica, al igual que el año pasado, que ha polarizado nuevamente las opiniones sobre si se deben organizar o no manifestaciones, a las que en 2020 algunos partidos de oposición atribuyeron las mayores tasas de infección y mortandad iniciales de España. Las diferencias se registraban en el propio seno del Ejecutivo, pues frente al criterio inicial de Sanidad de que "no ha lugar"  otros departamentos  y portavoces decían que "se pueden reducir riesgos. Había registradas desde hace una semana  60 peticiones para convocar concentraciones en Madrid pese a las restricciones por COVID-19, que aumentarán para Semana Santa en Andalucía, Extremadura y Galicia, mientras e anuncia confinamiento en Madrid, Cataluña, cuyo Govern anunció no obstante para los próximos días cierto relajamiento y pequeños ajustes en las medidas vigentes, durante una rueda de prensa realizada este jueves por la consellera de Salut, Alba Vergés, y el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Anuncian. 

El Consejo de Ministros aprobó este martes 2 de marzo una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres donde el Gobierno reitera su compromiso para trabajar en la eliminación de las dificultades de las mujeres a acceder al trabajo y promocionar profesionalmente, para lograr la igualdad salarial, para obtener la misma representación que los hombres en los órganos de mayor poder político, económico o judicial, o para el reparto equitativo de las tareas domésticas y los cuidados. Su portavoz Montero lamentó que se siga ejerciendo violencia sobre las mujeres por el simple hecho de serlo: desde 2003,  han sido asesinadas en España 1.081 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. La última posible víctima ha sido una mujer en Torrejón de Ardoz (Madrid), que, de confirmarse, sería la cuarta por violencia machista en lo que va de año.

Además, ese Consejo de Ministros analizó el informe sobre las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para el año 2030. El documento resalta la necesidad de abordar, entre otros desafíos para la próxima década, la precariedad laboral, la brecha de género, la emergencia ambiental y la financiación y la revalorización de los servicios públicos. Montero agradeció la participación en su elaboración de comunidades y ciudades autónomas, entidades locales, sector privado, ONG y entidades del tercer sector.

Entre tanto, ese retroceso comparativo se debe a las mejoras de Portugal y otros países, pues España mantiene los 97,5 puntos en su valoración total de 2020, debida a que salvo en parentalidad o cuidados de los hijos (donde recibe solo 80 puntos) mantiene también sus 100 puntos en los otros siete criterios considerados: Movilidad, trabajo,  remuneración, matrimonio, empresariado, activos y jubilación. Entretanto, Portugal era uno de los 10 países que en 2020 empataban con los 97,5 puntos de España (junto a Estonia, Finlandia,  Alemania, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Irlanda, Holanda y Reino Unido), mientras que en el presente año el país luso sube a 100 puntos, su calificación en las ocho dimensiones evaluadas. La de parentalidad se refiere al papel de padre y la madre en el proceso de cuidado, socialización, atención y educación de sus hijos. Así  lo indica el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021, donde en general los países latinoamericanos mantienen tan buenas clasificaciones como los principales países desarrollados. Tras Portugal y España, los  países  iberoamericanos mejor clasificados son Perú con 95 puntos y Paraguay, con 944.puntos. Los cuatro siguen por delante de Estados Unidos,  que sigue también en 91,3 puntos, junto a Albania, Chipre y Taiwán.

Según el nuevo informe del Banco Mundial, los países continúan avanzando lentamente hacia una mayor equidad de género; sin embargo, las mujeres en todo el mundo se enfrentan a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad, y protección económica. Las reformas adoptadas para eliminar los obstáculos a la inclusión económica de las mujeres han sido lentas en muchas regiones y al mismo tiempo desiguales entre estas mismas, precisa el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021En promedio, las mujeres tienen sólo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres. Las mujeres ya se encontraban en desventaja antes de la pandemia, y las iniciativas gubernamentales a fin de atenuar algunos efectos de la crisis, si bien innovadoras, han sido limitadas en muchos países, señala el informe. No obstante, ya antes de la pandemia Ecuador ya tenía 89,4 puntos,  El Salvador 88,8, Colombia 81,9, Costa Rica 80 y Chile 77,5.

«Las mujeres deben ser plenamente incluidas en las economías para lograr mejores resultados en materia de desarrollo», explicó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. «A pesar de los avances en muchos países, hemos constatado retrocesos preocupantes en algunos de los mismos, como límites a la libertad de movimiento de las mujeres sin el permiso de un tutor masculino. La pandemia ha acentuado las diferencias existentes que ponen en desventaja a las niñas y las mujeres, en particular bajo la forma de obstáculos para la escolarización y el mantenimiento de empleos. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan al aumento de la violencia doméstica, y a dificultades en temas de salud y seguridad. Las mujeres deberían tener el mismo acceso a los servicios financieros, los mismos derechos a heredar que los hombres y estar al centro de nuestros esfuerzos hacia una recuperación inclusiva y resiliente de la pandemia de COVID-19».

El informe mide leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a octubre de 2020. Desde la movilidad a los desafíos que representan el trabajo, la crianza de los hijos y la jubilación, los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles sobre el progreso global hacia la igualdad de género. Tras el desencadenamiento de la pandemia, el informe también analiza igualmente la respuesta de los gobiernos a la crisis de COVID-19 y cómo la pandemia ha afectado a las mujeres en el trabajo y en el hogar, principalmente en lo referente al cuidado de los niños, el acceso a la justicia, la salud y la seguridad.

En general, los hallazgos del informe indican que muchos gobiernos han adoptado medidas para abordar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de las economías analizadas por el informe garantizaba por ley a los padres trabajadores alguna licencia para el cuidado de los hijos antes de la pandemia. Desde entonces, con el cierre de escuelas, cerca de 40 economías en todo el mundo han establecido políticas sobre licencias o prestaciones sociales con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños. Aun así, es probable que estas medidas sean insuficientes para abordar los desafíos que ya enfrentan muchas madres trabajadoras, y la crisis de los servicios para el cuidado de los niños.

La pandemia también ha contribuido al aumento de la gravedad y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Una investigación preliminar muestra que, desde principios de 2020, los gobiernos adoptaron alrededor de 120 medidas nuevas como líneas de atención telefónica directa, asistencia psicológica y refugios para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Algunos gobiernos también establecieron medidas para brindar acceso a la justicia de varias maneras, por ejemplo, declarando urgentes los casos de familia durante el confinamiento y autorizando los procedimientos judiciales remotos para dichos asuntos. Sin embargo, los gobiernos aún cuentan con un amplio margen para implementar medidas y políticas destinadas a abordar las causas fundamentales de la violencia en el hogar.

«Si bien es alentador que muchos países hayan tomado medidas proactivas para ayudar a las mujeres a atravesar la pandemia, está claro que queda mucho por hacer, especialmente en materia de licencia parental e igualdad salarial», manifestó Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. «Los países deben crear un entorno jurídico que mejore la inclusión económica de las mujeres, para que estas puedan tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias».

A pesar de la pandemia, 27 economías en todas las regiones y niveles de ingreso promulgaron reformas en todas las áreas analizadas y aumentaron las buenas prácticas en materia de legislación en 45 casos durante el año cubierto por el estudio. La mayoría de las reformas introdujeron o enmendaron leyes que afectan las áreas de remuneración y parentalidad.

Sin embargo, la parentalidad es también el área que deja un mayor margen de mejora a nivel mundial. Esto incluye la licencia parental remunerada, la administración de los beneficios por el gobierno y la prohibición del despido de mujeres. Del mismo modo, reformas son necesarias para superar a las restricciones que enfrentan las mujeres en cuanto a los tipos de trabajos, tareas y horarios en los que pueden desempeñarse, lo cual las segrega a empleos menos remunerados. Asimismo, en 100 economías las leyes no exigen una remuneración igual para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Aunque lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. Un mejor desempeño en las áreas medidas por el informe Mujer, Empresa y el Derecho está asociado con la reducción de la brecha de género en resultados en materia de desarrollo, una mayor participación femenina en la fuerza laboral, empleos menos vulnerables y una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales.

 

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