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Iberoamérica
La política fiscal ante la pandemia de COVID 19
América Latina y el Caribe pierde al año 325.000 millones de dólares por incumplimiento tributario

    


Los países de América Latina y el Caribe perdieron 325.000 millones de dólares –equivalente al 6,1% del PIB– por incumplimiento tributario durante 2018. Frente a este desafío, desarrollan una serie de acciones e innovaciones para acotar los espacios para la evasión y así impulsar la movilización de recursos, según un informe de CEPAL, la Comisión Económica de la ONU para el desarrollo regional

Junto con examinar los retos de la política fiscal en el contexto actual de la pandemia y la evolución de las finanzas públicas durante 2019, el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020, analiza la problemática de la evasión fiscal en la región. La CEPAL estima que la región perdió 325.000 millones de dólares –equivalente al 6,1% del PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. Frente a este desafío, los países de la región se encuentran desarrollando una serie de acciones e innovaciones para acotar los espacios para la evasión y así impulsar la movilización de recursos internos para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19.

El informe destaca la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) de los países de América Latina y que contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región. No obstante, el manejo de la política fiscal en la actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto. 

La pandemia ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad. Por lo tanto, la región debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. La política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región.

 

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