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Inclusión digital
Medidas en contra, pero la inteligencia está a su servicio
La desinformación se extiende por el mundo, mientras la privatización de la censura se consolida

    


Mientras se extiende la desinformación y se debate cómo abordar las crecientes preocupaciones sobre la privacidad, las nuevas tecnologías están dotando a los gobiernos de un poder sin precedentes para controlar, seguir y vigilar a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, se consolida el escenario de privatización de la censura por parte de las grandes plataformas, que son ahora, en realidad, juez y parte. Hay medidas contra la desinformación, pero la inteligencia artificial se pone al servicio.

Las plataformas en que se ha concentrado la privatización de la censura,  denunciada como hace cinco años por la UNESCO como tendencia del año 2014 acumulan un control sin precedentes de datos y comportamientos individuales y una concentración masiva de los intercambios comunicativos que se producen a través de las redes sociales, según La desinformación de nueva generación, texto de Carme Colomina, investigadora de CIDOB, aparecido  en el último número de  Política Exterior. La cuota de mercado global de Google es del 80% de todas las consultas de búsqueda que se realizan en internet, mientras Facebook y YouTube controlan el 70% de las interacciones en redes sociales. ¿Cómo se puede responder a esta concentración de poder y datos?

Gobiernos de hasta 30 países distintos, entre ellos Turquía, Venezuela o Filipinas, producen y difunden contenidos con el fin de distorsionar la información que circula en Internet, según el informe Freedom of the Net 2017. El gobierno chino se ha convertido en un gran hermano capaz de monitorizar los movimientos de sus ciudadanos a través de teléfonos móviles. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las legislaciones contra las fake news aprobadas en Egipto o Gambia como un ataque a la libertad de expresión. La Ley para la Protección contra la Falsedad y la Manipulación online aprobada por el gobierno de Singapur es la más dura de todas las medidas adoptadas en el Sudeste Asiático y una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión, con multas millonarias y hasta diez años de cárcel que pretenden criminalizar, no solo la mentira, sino la crítica al gobierno y la disidencia política.

La desinformación siempre va un paso por delante. Los avances tecnológicos preceden cualquier medida o legislación que pretenda regular sus efectos. La línea divisoria entre propaganda e información es cada vez más borrosa, también en las democracias occidentales. La irrelevancia de la verdad factual sigue aumentando en cada nuevo escenario electoral y las vías de transmisión de las falsedades se sofistican. Sin embargo, el debate político sobre la amenaza de la desinformación y como combatirla sigue anclado en el 2016, en los precedentes del referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales estadounidenses como referencia y medida de todas las cosas; con la desinformación rusa como principal amenaza reconocida por la Unión Europea y el abuso del término fake news como arma de descrédito del discurso crítico y el disenso político. Pero, la realidad actual es ya mucho más compleja.

El uso de la (des)información en la acción política se ha trasladado desde las redes sociales y las plataformas abiertas a los espacios digitales cerrados y de confianza como los grupos de WhatsApp. Ello obliga a repensar estrategias para adaptarse a unos parámetros legales, tecnológicos y éticos distintos. La desinformación está en plena evolución desde el texto escrito a las imágenes y sigue sofisticándose por momentos mientras gobiernos –especialmente en la Unión Europea– constatan la imposibilidad de consensuar visiones y estrategias. Las percepciones y evaluaciones de riesgo del fenómeno siguen tomándose bajo prismas nacionales cuando el desafío es global.

La desinformación que desestabiliza el debate democrático en la UE no es únicamente una amenaza exterior sino que se construye, coordina y re–elabora su retórica anti–europea, desde el interior, apoyada en campañas euroescépticas gubernamentales y amplificada por las estrategias mediáticas de distintas formaciones políticas europeas. La desinformación a través de Whatsapp ha hecho acto de presencia en las últimas elecciones generales españolas, a unos niveles todavía nada comparables a sus efectos en países como Brasil o India, pero apunta ya hacia una tendencia que se extiende mucho más allá de la estrategia política comunitaria para intentar atajar los efectos de las narrativas falsas en la configuración de las opiniones políticas de sus ciudadanos.

Medidas contra la desinformación 

El parlamento alemán aprobó una ley para multar a las plataformas de Internet y a las redes sociales con más de dos millones de usuarios que no erradiquen contenido denunciado como falso o como discurso del odio. Francia, en cambio, ha preferido dotar a los tribunales de capacidad de decisión sobre la exactitud de la información en línea que se publique durante los procesos electorales. Estados Unidos, por su parte, propuso una legislación para aumentar la transparencia sobre quién compra anuncios (políticos) en las redes sociales. Italia y Suecia han introducido la formación en competencia digital en las escuelas para mejorar la detección y la lectura crítica de noticias falsas y de la propaganda. El objetivo general es fortalecer la capacidad de resiliencia de los europeos ante el desconcierto de la desinformación. Pero, a la vez, demuestra la variedad de aproximaciones legales y políticas al fenómeno.

Por su parte, la Unión Europea optó por un Código de Prácticas, aprobado en el 2018, que ambicionaba sumar a las grandes plataformas de internet (Google, Facebook, Twitter o Mozilla) en la intensificación del control sobre el contenido que circula en la red, la eliminación de cuentas falsas y la limitación de la visibilidad de páginas consideradas promotoras de desinformación. Sin embargo, el hecho de que estas plataformas deban actuar ahora como si fueran los reguladores de la veracidad de los contenidos, ha provocado conflictos de intereses con los políticos que habitualmente usan las redes sociales para compartir su propio contenido sesgado, tensiones con partidos tradicionales que han visto algunas de sus cuentas suprimidas durante períodos electorales, y acusaciones de que las Big Tech restringen el discurso político legítimo. Para los más críticos, dotar a las plataformas de autoridad para retirar contenido las habilita para actuar como censores, incluso cuando algunas de estas redes sociales han mostrado dificultades evidentes para pronunciarse sobre qué consideran o no una noticia falsa.

La inteligencia artificial se pone al servicio de la desinformación

La Inteligencia Artificial también está al servicio de la desinformación. Es el deepfake: algoritmos al servicio de la creación de audios y vídeos falsos, desvirtuando todavía más la ya diluida frontera entre realidad y ficción.

Hace dos años, la Universidad de Washington presentó un proyecto piloto conocido como Synthesizing Obama, un algoritmo capaz de manipular vídeos sincronizados con movimientos faciales que usaba la imagen del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para reproducirla en contextos distintos repitiendo la misma declaración. ¿Cuál de ellas era la auténtica?

Recreaciones faciales, construcciones de discursos a partir de la manipulación de intervenciones o alocuciones grabadas previamente, capacidad de reproducir idénticamente expresiones faciales… una nueva generación de manipulaciones está a punto de irrumpir en el caos de la desinformación. Las implicaciones políticas y securitarias de esta tecnología son obvias: cualquier líder político podría aparecer diciendo o haciendo cualquier movimiento o anuncio con consecuencias estratégicas y que, en realidad, se trate de un montaje. Una ficción fabricada para la desestabilización política.

Nuevas formas de amenazas híbridas podrían aparecer en un futuro próximo en otros países y zonas del planeta. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología, el campo donde se decide la próxima hegemonía global. Washington y Beijing están en pleno desafío por su control.
 

La carrera por la Inteligencia Artificial
En octubre del 2018, Microsoft admitía que estaba dispuesta a vender el Pentágono a cualquier sistema de inteligencia artificial que necesite para “construir una defensa fuerte”. Hoy por hoy, sin embargo, Beijing y Moscú emergen como las grandes potencias del ciberespacio. Sin tratados que las limiten.
En países autoritarios –y en más de una democracia liberal–, los sistemas de inteligencia artificial contribuyen al control y la vigilancia de sus ciudadanos, dotando a las fuerzas de seguridad de grandes cantidades de información que podrá ser procesada de manera rápida y eficiente. Un mundo orwelliano con cámaras de reconocimiento facial y tomas obligatorias de muestras de ADN. Sistemas de vigilancia en Xinjiang o en el Tibet, construcciones de ciudades inteligentes por parte de gigantes tecnológicos chinos, como Huawei, en países terceros y la exportación de sistemas de vigilancia avanzados a países aliados al servicio de la estrategia geopolítica.
Sin embargo, vale la pena destacar algunos movimientos en sentido contrario. La alcaldía de la ciudad de San Francisco, en EEUU, ha prohibido recientemente a la policía local el uso de técnicas de reconocimiento facial, criticadas por las organizaciones pro derechos civiles. Con ello, pretenden abrir el debate sobre la responsabilidad en torno a la tecnología de la vigilancia en un país donde las agencias de seguridad gubernamentales han promovido el espionaje masivo de ciudadanos nacionales y extranjeros, y la policía se ha visto envuelta en reiterados episodios de sesgos raciales y étnicos, que estas tecnologías de reconocimiento multiplican. También en el Reino Unido, un ciudadano británico denunció, en mayo del 2019, al departamento de policía del sur de Gales ante los tribunales por el uso indiscriminado y sin regulación legal de la tecnología de reconocimiento facial automático.
En China, en cambio, ya hay casi 200 millones de cámaras y el gobierno está decidido a erigirse en una potencia de la Inteligencia Artificial para el año 2030. La compañía Yitu Technology está desarrollando un programa de reconocimiento que permitiría incluso la lectura de las emociones. Tecnología al servicio del control del entorno más próximo y del espacio virtual. Detrás de esta voluntad hay una estrategia económica y política desplegada desde hace años. En el 2004, un documento de Defensa Nacional del gobierno chino ya especificaba que la información se había convertido “en un factor clave para aumentar la capacidad militar efectiva de las Fuerzas Armadas”. El “ciberespacio es hoy el nuevo terreno de confrontación en la contienda militar”, rezaba un estudio de la Academia de Ciencias Militares china en el 2013.
El ciberespacio es una cuestión de seguridad nacional para Beijing y, sobre esta premisa, ha desarrollado su estrategia de respuesta: desde la monitorización del contenido en internet y en las redes sociales, con la construcción de su propia “Gran Muralla” virtual susceptible de controlar un posible malestar social al desarrollo de su propia infraestructura y en su estrategia de “Defensa activa”.

 
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