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Políticas
Mensaje al PSOE y Unidas Podemos de los gerentes sociales:
"El gasto social social sigue por debajo de niveles previos a la crisis y no puede ser rehén"

    


Son necesarios 4.000 millones de euros para que el gasto autonómico en sanidad, educación y servicios sociales (procedente en gran parte de los Presupuestos del Estado) llegue a niveles de hace una década. Asi lo dice un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuya principal conclusión es que los presupuestos de políticas sociales "no puede ser rehén de políticas partidistas". Mensaje sin citar partido alguno cuando a PSOE y UP siguen sin acuerdo.

"En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política", concluye el informe difundido este lunes por José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociacion Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y presidente del Observatorio Estatal Dependencia.

En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).

El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro.

La variación anual de los presupuestos autonómicos desde el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales se vio reducido ampliamente entre 2010 y 2013 para iniciar cierta recuperación partir de 2014 que se ha visto truncada en los presupuestos definitivos de 2018 de manera que los durísimos recortes acumulados no se han recuperado en estas políticas.

Considerando todas las políticas gestionadas por las autonomías, indudablemente la situación de crisis derivó en un importante incremento del gasto en deuda pública autonómica, en un agónico y fallido intento de mantener las políticas de protección y en una reducción drástica del gasto en el resto de políticas

Además, no hay que olvidar que ese “resto de políticas” contiene funciones muy relevantes para la ciudadanía como son la cultura y la conservación del patrimonio, la justicia y la seguridad allí donde estén transferidas o las inversiones en muchas infraestructuras.

Si tomamos como año base 2009 (inicio de los recortes para las arcas autonómicas), al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (más del 300% respecto a 2009), únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes. Puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza y a las más de 250.000 personas en lista de espera de atención y las 140.000 pendientes de valoración.

Lo preocupante de la situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 €, un 4,54% inferior al de 2009, que fue 2.535 €. De la misma manera, el porcentaje sobre el presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

Deuda autonómica

El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y sobre todo en el resto de funciones y servicios. Esta deuda ascendería actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante y aunque diversas circunstancias permitieron ir reduciendo el gasto anual en deuda, este gasto vuelve a repuntar desde 2016.

Hay importantes diferencias entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto social Por comunidades autónomas, hay nueve de ellas que han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (+9,6%), C.Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la C. de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.

Como hemos visto, la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda. No obstante, la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016. Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales.

Existen por otra parte diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras comunidades autónomas; así tanto País Vasco como Navarra superan los 3.000 € anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.100 y los 2.600 euros. Bien es cierto que el gasto por habitante es un dato excesivamente grueso que no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios.

Los servicios públicos esenciales de nuevo en peligro

Es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020.

En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las persona.
 
Propuesta final de la Asociación de Directores Sociales y anexos documentales

En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política.

EL GASTO SOCIAL POR COMUNIDADES Sanidad, Educación y Servicios Sociales

Evolución del gasto en políticas sociales en cuantías absolutas (2009 / 2018)

4.190,2 millones de euros es la diferencia entre el gasto autonómico en políticas sociales previo a los recortes impulsados por la crisis (2009: 116.851,7 millones de euros) y el último ejercicio (2018:112.661,5 millones de euros). Es decir, a pesar de “la recuperación económica”, el gasto social autonómico es en España un 3,4% inferior a los momentos previos a la crisis.

Nueve comunidades habrían recuperado, en términos absolutos, el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis (Baleares, C.Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias, y Extremadura). Las Comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación, son Castilla-La Mancha (15,46%) y Cataluña (19,91%)



EL GASTO EN SANIDAD POR COMUNIDADES

Evolución del gasto en Sanidad, en cuantías absolutas (2009 / 2018)

3.864,4 millones de euros menos es lo que han gastado en la función de Sanidad las Comunidades Autónomas en 2018 respecto a la etapa anterior a los recortes (año 2009), lo que supone todavía una reducción del 6,02%.

8 Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Castilla y León y C. Valenciana) han incrementado el gasto en Sanidad en esta etapa, mientras que en sentido contrario destaca Cataluña, cuyo gasto sanitario ha sido en 2018 un 27,5% inferior al del año 2009, con 3.328 millones de euros menos.



Hay que reseñar que el gasto 2018 considerado es de presupuesto definitivo y que es precisamente en la Sanidad donde se producen con más frecuencia las desviaciones presupuestarias.

EL GASTO EN EDUCACIÓN POR COMUNIDADES

Evolución del gasto en Educación, en cuantías absolutas (2009 / 2018)

1.646 millones de euros menos han gastado en Educación las Comunidades Autónomas en 2018, respecto a la etapa anterior a los recortes (año 2009), lo que supone todavía una reducción del 6,9%. Esta función ha sido una de las más castigadas por los recortes.



7 Comunidades (C.Valencia, Baleares, Extremadura, Aragón, Cantabria, Andalucía y Navarra) habrían incrementado el gasto en Educación en esta etapa, mientras que en sentido contrario destaca Castilla-La Mancha y La Rioja, cuyo gasto educativo ha sido en 2018 inferior en más de un 15% al que realizaron en el año 2009




EL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES POR COMUNIDADES

Evolución del gasto en Servicios Sociales, en cuantías absolutas (2009 / 2018)

Todas las Comunidades, excepto cuatro (Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Cataluña) han recuperado en 2018 el nivel de gasto en servicios sociales que existía antes de los recortes provocados por la crisis (año 2009). En el conjunto de España son 1.320 millones más en 2018 que en 2009, con un incremento del 11,1% en este periodo.



Destaca el incremento del 82,4% que registra la C. Valenciana y, en menor medida, el País Vasco (47,4%). En el otro extremo, a Castilla-La Mancha aún le falta por recuperar más de una cuarta parte de su inversión en servicios sociales en relación con el año 2009.



NOTA METODOLÓGICA

GASTO AUTONÓMICO:
- POLÍTICAS SOCIALES: SANIDAD (31), EDUCACIÓN (32) Y SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL (23)
- DEUDA PÚBLICA
- RESTO DE POLÍTICAS/FUNCIONES.

Datos considerados: Gasto depurado IFL y PAC de presupuesto liquidado 2007 a 2017 del presupuesto definitivo 2018 y del presupuesto inicial 2019.

Fuentes:

INE
: Población de la Comunidad Autónoma a 1 de enero de cada año excepto para 2019 (dato 1 de julio 2018). Nota: El % en políticas sociales y resto se aplica sobre el total de gasto de la Comunidad Autónoma.

Presupuestos 2007 a 2017 = Datos de LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO. Fuente: Ministerio de Hacienda.

Presupuestos 2018 = Datos de PRESUPUESTO DEFINITIVO Fuente: Ministerio de Hacienda.

Presupuestos 2019 = Datos de PRESUPUESTO INICIAL (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y La Rioja prorrogan presupuestos) Fuente: Ministerio de Hacienda. Informe 2019 de la S.G. de financiación autonómica y Local

Datos de deuda de las CCAA según protocolo de Déficit Excesivo = Fuente: Banco de España

NOTAS: Solo se deben comparar entre sí los datos de las Comunidades de Régimen Común. Los datos de los territorios forales (Navarra y País Vasco) no tienen comparabilidad plena con los del resto de CCAA debido a sus ámbitos fiscales y competenciales diversos. También en casos como el de Illes Balears los datos pueden resultar incompletos en materias como Servicios Sociales debido a las transferencias a los Consell Insulares no computadas en dicha política social. Para este territorio (y posiblemente para Canarias) la comparabilidad requeriría incorporar datos consolidados con dichas administraciones. No obstante, sí es válida la presentación para representar la evolución propia.
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