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Sociedad
Tras denunciar jueces de lo social su saturación y estrés
Anuncian dos planes de la inspección contra la temporalidad fraudulenta sin comentar escándalos

    


Dos nuevos planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial anunció este viernes el Gobierno en funciones, después de denunciar Jueces por la Democracia a la Inspección por las condiciones de los magistrados de lo social de Barcelona, Reus y Tarragona. Tampoco hizo mención el Gobierno a otros escándalos recientes, caso de los becarios universitarios que afrontar criterios dispares en los juzgados de lo social o el control horario en empresas

El Consejo de Ministros, tras conocer el tercer informe semestral de Ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado por el Gobierno el 27 de julio de 2018, anunció éste viernes  el desarrollo de dos nuevos planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial por parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Socia, sin referirse a los otros escándalos o casos presentes de actualidad reciente, como el de los más de 200.000 enseñantes despedidos en estos meses de verano para no cotizar aunque luego sean contratados de nuevo,  la citada disparidad de criterios en los juzgados de lo social por los becarios universitarios incluidos en los últtimos planes de inspección del Gobierno del PP, las denuncias de que el  92% de la jurisdicción social en Barcelona, Tarragona y Reus presentan riesgos psicosociales elevados (estrés, fatiga o ansiedad) debido al exceso de carga laboral, y la publicación el pasado 10 de junio del criterio técnico 101/2019 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para fijar criterios ante las actuaciones inspectoras que se efectúen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, en relación con las disposiciones relativas al registro de jornada, establecidas en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

Atienden ambos planes anunciados, según el Gobierno en funciones,  a los resultados obtenidos por los planes de choque desarrollados entre agosto y diciembre de 2018 (61.445 contratos temporales convertidos en indefinidos -el 76,3% de los afectados por el Plan-, y 8.824 ampliaciones de jornada en contratos a tiempo parcial -el 17,5% de los incluidos en el Plan-), así como a los indicios de fraude en estas modalidades de contratación.

“Ambos van a seguir la misma metodología que el año anterior: una primera fase en que se remitirán comunicaciones a las empresas en cuyos contratos temporales o a tiempo parcial se aprecien indicios de fraude concediendo el plazo de un mes para su regularización, y una segunda fase, en la que, comprobados los casos en que no se hubiese realizado la regularización, se llevará a cabo la actuación de la Inspección de Trabajo”, dice también el anuncio  de los dos Planes de Choque, que se ejecutarán entre agosto y diciembre de 2019, serán objeto de evaluación en enero de 2020,y  van a suponer la remisión de 85.000 comunicaciones (un 4% más que en 2018) a empresas en los que se aprecian indicios de fraude, afectando a 238.015 personas trabajadoras (un 81,9% más que en 2018).

Contra la contratación temporal fraudulenta se enviarán 47.737 comunicaciones (un 17% menos) y 89.285 personas trabajadoras afectadas (un 11,2% más); y contra los abusos en la contratación a tiempo parcial 37.263 comunicaciones (un 35,3% más) y 148.730 personas trabajadoras afectadas (un 195,6% más).

Resultados del Plan Director

Los resultados de la actividad del Plan Director desde agosto de 2018 hasta junio de 2019 dicen  haber  permitido convertir en indefinidos un total de 173.957 contratos temporales irregulares (un incremento del 83% en relación con el mismo periodo del año anterior) de los cuales 112.512 corresponden a actuaciones inspectoras ordinarias (49.892 de mujeres y 62.620 de hombres) y 61.445 contratos se transformaron como consecuencia del Plan de Choque contra la temporalidad fraudulenta (27.262 de mujeres y 34.183 de hombres).

Además, se han ampliado las jornadas de trabajo de 36.694 contratos a tiempo parcial (un 58% más), de los cuales 27.870 corresponden a actuaciones inspectoras ordinarias (13.598 de mujeres y 14.272 de hombres) y 8.824 al Plan de Choque contra los abusos en el trabajo a tiempo parcial (5.212 correspondientes a mujeres y 3.612 a hombres).

Se ha conseguido aflorar 126.751 empleos irregulares, lo que supone incrementar un 45% el número de empleos aflorados en el mismo periodo anterior, dice igualmente el Gobierno. En estos empleos irregulares están incluidos la regularización de 32.067 falsos autónomos (cinco veces más que en el mismo periodo anterior) mediante su correcto encuadramiento en el Régimen General de Seguridad Social como trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena (10.104 mujeres y 21.963 hombres).

A su vez, dentro de los datos de falsos autónomos, el Gobierno destaca: la nueva campaña sobre plataformas digitales y comercio electrónico, que ha dado como resultado 8.076 altas en el régimen general de la Seguridad Social para regularizar el encuadramiento laboral de las personas trabajadoras en estos sectores de actividad (1.108 mujeres y 6.968 hombres) y se han regularizado 782 falsos becarios (433 mujeres y 349 hombres).

Objetivos y medidas del Plan por un Trabajo Digno

El objetivo principal del Plan Director por un Trabajo Digno es, según el Gobierno en funciones,  recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, proteger la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras, además de garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desarrollada en cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan Director por un Trabajo Digno, dice contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, es plenamente coherente y refuerza el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018.

Para poder ejecutar el Plan, se están adoptando medidas para reforzar los recursos humanos. Las previsiones establecidas supondrán la incorporación a lo largo del periodo de ejecución de 833 nuevos inspectores/as y subinspectores/as, lo que supondrá un incremento neto de la plantilla estimado en un 23%. 86 efectivos ya están incorporados y 101 nuevos inspectores y subinspectores serán nombrados funcionarios de carrera este mismo mes de agosto de 2019. Con estas incorporaciones, el número de efectivos será 2.055, la cifra más alta de la historia del Sistema de Inspección.

Destaca el Gobierno, por último, el desarrollo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de varias campañas nuevas durante el primer semestre 2019; una contra los impagos salariales, en la que se está vigilando la correcta aplicación del nuevo SMI para 2019; otra campaña específica con el objetivo de analizar el correcto encuadramiento en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en las plataformas digitales, así como afrontar la economía irregular presente tanto en estas como en el comercio electrónico; y, además, una campaña específica para revisar de forma integral las condiciones de trabajo en el sector de alojamientos turísticos, en particular camareras y camareros de piso.

Igualmente, se ha aprobado el Criterio Técnico sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, que profundiza en la nueva obligación del registro de la jornada diaria de trabajo establecida por el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, y que entró en vigor el 12 de mayo.

La reciente denuncia del  92% de la jurisdicción social en Barcelona, Tarragona y Reus

Los jueces siempre hemos tenido un componente vocacional importante, pero corremos el peligro de confundir la vocación con poner en peligro nuestra salud". Es el diagnóstico del magistrado Carlos Hugo Preciado, que en representación de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD), ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia por infringir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus, según recogió Oriol Sole Altimira en el diario.es.

La denuncia expone cifras que reflejan la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces de lo social de estas tres ciudades catalanas: según la propia evaluación de la carrera judicial que encargó el Consejo el año pasado, en los 30 juzgados de lo social de la capital catalana el 64% de los togados se halla en situación de riesgo psicosocial elevado o muy elevado debido al exceso de tiempo que pasa trabajando.
Además, el 92% de magistrados de la jurisdicción social en Barcelona presenta riesgos psicosociales elevados o muy elevados –vinculados a estrés, fatiga o ansiedad– debido al exceso de carga de trabajo. "El exceso de trabajo lo puedes aguantar un año, dos, tres... pero cuando se mantiene tanto tiempo acaba minando", expone Preciado, que recuerda que los juzgados más saturados son los que están más en contacto con los problemas diarios de los ciudadanos, como los de lo social y lo penal.
Las consecuencias se dejan notar, por ejemplo, en el número de causas de estos juzgados, que rondan las 1.400 en el caso de los de lo social de Barcelona pese a que a efectos de productividad "lo normal serían 800", remarca Preciado. El trabajo de los togados, además, no termina en el despacho: el 70% declara que trabaja sábados o domingos "casi siempre", según una encuesta del propio CGPJ. "La gente tiene derecho a que puedas mirar su causa con calma, y ahora no siempre es así porque todo va entrando y no hay un tope", expone Preciado.
"Hemos tenido casos de trastornos ansiosodepresivos, depresiones, ansiedad..., compañeros que tienen que salir de circulación hasta que no se estabilizan. En el 99% de los casos además no se quiere aceptar que se ha petado, precisamente por la vocación de servicio que hay en la carrera", asevera Preciado.
La denuncia ante Inspección de Trabajo que JJxD ha interpuesto respecto a los juzgados de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus es la primera de una serie que se presentarán en distintas ciudades de toda España donde la asociación ha detectado cargas de trabajo excesivas en los juzgados. Los próximos serán los jueces de Madrid. "Como el Consejo General del Poder Judicial no está por lo que tiene que estar a nivel global, denunciaremos ciudad a ciudad", zanja el magistrado.
Los togados han interpuesto su denuncia por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales contra el CGPJ, que es la institución responsable en esta materia, así como contra el Ministerio de Justicia. El motivo es que el Ministerio tiene suscrito con el Consejo un convenio sobre el sistema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los miembros de la carrera, por lo que también tiene competencias en este ámbito.
"El Consejo tiene que fijar carga máxima de trabajo, los jueces y juezas no pueden estar indefinidamente trabajando sábados y domingo para sacar las sentencias", reclama Preciado. Además, los togados denuncian ante la Inspección de Trabajo que el Consejo no ha implantado el registro horario pese a que tiene obligación legal de hacerlo. "Si a un juez le da por trabajar 70 horas a la semana, el Consejo no lo sabe", resume el magistrado.
Además del registro horario y de fijar una carga máxima de trabajo a efectos de salud, Preciado explica que con la denuncia pretenden presionar al Consejo y al Ministerio para que aumenten la planta judicial. "Son tres medidas básicas para superar la tormenta perfecta que supusieron durante la crisis el aumento de litigiosidad y las restricciones presupuestarias. A primera vista pueden parecer reclamaciones corporativas pero no lo son porque afectan a los derechos de la ciudadanía", concluye el magistrado.
 
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