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Economía
Lenta pero segura, según informes de KPMG,EuropeG y Vodafone
Europa va con su plan COVID hacia la unión política, aún con la mitad del esfuerzo fiscal que EEU

    

El plan de ayudas europeas por 750.000 millones para la recuperación de la crisis del COVID es un paso muy importante en el proceso de integración, aunque quedaban otros pendientes de la anterior crisis. Pero es insuficiente el esfuerzo fiscal nacional de países como España, la mitad que otros de la UE o que EEUU. Además, un año después no sabemos cuándo empezarán a materializarse las primeras subvenciones, y la experiencia de proceso de vacunación arroja dudas aunque menos que hace una década

Las medidas que suponen un impulso fiscal directo se han situado por encima del 8% en Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, muy por encima en estos dos últimos casos (y, según la OCDE y el FMI, en el 10% o por encima en Japón, Canadá y Australia, entre otras), por encima del 5% en Francia, y por debajo del 4,5% en España, Grecia y Portugal, dice en su página 16 de 26 el informe presentado este miércoles a la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) por Europa G,Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política apoyado económicamente por Obra Social La Caixa, Agbar Fundació, Sabadell y Bankia e integrado por cuatro grandes profesores de tres universidades (Barcelona, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona).

La convocatoria de APIE-EutropeG, cuya nota de prensa alertaba sobre la necesidad de evitar favorecer intereses políticos o de grupos económicos, opacó en interés informativo a otras realizadas este miércoles abordando como en días anteriores las ayudas europeas contra la crisis: una sobre El futuro del sector asegurador. Lecciones y estrategias para una recuperación sostenible de KPMG-EL PAISen presencia de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y primeros directivos de Mapfre, Vidacaixa, Zurich y Catalana Occidente, así como la secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle; otra de Vodafone Business para presentar su IV estudio sobre el estado de digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas; la reunión del Consejo Consultivo de Transformación Digital, en la sede del Ministerio y con la vicepresidenta 2ª y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien también hablaba este dñia en la gala de clausura de la Edición Top 100 Mujeres Líderes en España, impulsada hace años por Mercedes Willich; la reuión con representantes de Microsoft de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,quien acudió además  al campus de la Universidad Carlos III de Madrid en el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial 'Leganés Tecnológico' a visitar a la 
la start up AEQ, o la clausura del 10º Congreso Federal de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez .

Si le sale bien a Europa el Next Generation la UE dará un impulso al proceso de integracion, y si sale mal costará mucho volver a poner sobre la mesa una medida similar, resumió Antoni Castells, el profesor portavoz de EuropeG y erxperimentado exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña en los gobiernos tripartitos presididos por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla.Lo decía justo al enterarse que el Tribunal Constitucional de Alemania decidió este miércoles no interrumpir el proceso de aplicacion (uno de los obstáculos en el camino de ese Plan contra la  crisis de la COVID-19, convertido en uno de los cinco grandes desafios si no el mayor de la UE tras la creacion del euro, la ampliacion de la unión hacia el Este, la crisis financiera 2007-2013 que aún la Unión no ha terminado de abordar en las medidas diseñadas contra ella y el Brexi: la crisis de la COVID-19 se ha convertido en un reto de más gravedad, si cabe, que aquellos a los que la UE tuvo que hacer frente en los veinte años precedentes.  Frente a ella, este Policy Brief nº 15 de EuropeG resalta la necesidad de dejar atrás algunas prácticas tradicionales, como la de la perdigonada, es decir, la fragmentación en innumerables proyectos de interés dudoso para contentar a todo el mundo. 

El documento destaca la rapidez y determinación con que ha reaccionado la UE, con medidas contundentes y con una orientación integracionista, frente a la orientación que habían tenido muchas de las decisiones de la UE en los últimos veinte años. Asimismo, cree que la respuesta que se ha dado a la crisis puede acelerar la integración europea, con avances hacia la unión fiscal, hacia un presupuesto comunitario digno de este nombre, unos recursos obtenidos directamente en forma de impuestos pagados por los ciudadanos y un Tesoro capaz de emitir deuda.

EuropeG reclama nuevos pasos hacia la integración política tras constatar que la implementación de los fondos europeos está poniendo de relieve los problemas de gobernanza que plantea la actual estructura institucional de la UE. A su vez, señala los retos dela UE y la zona euro y los pasos que se deberían dar a medio plazo: consolidar las actuaciones de respuesta a la crisis de la COVID-19, abordar reformas para estabilizar y apuntalar la unión monetaria y materializar políticamente estas reformas modificando la arquitectura institucional de la UE.

No preocupa a los autores de este informe el 120% de deuda pública que lleva a la fecha España respecto al PIB pese lal menor esfuerzo fiscal medio español y europeo, sino si al final la destrucción del tejido productivo será peor desde el punto de vista económico y fiscal. Lo importante es cerrrar el paréntesis, para lo que falta ver cuando termine el proceso de ejecución de las ayudas europeas cual sera la magnitud del efecto permanente, cuántas empresas cerrarán para siempre, y si el PIB español proyectado antes de la crisis será mauor o menor que antes. La segunda cuestion importante es quien lo va a pagar, pues en cualquier caso la sostenibilidad de la deuda dependerá de dos factores: tasa de crecimiento del PIB y empleo.

Quedaron sin aclarar preguntas por falta aún de los datos que dejarán los próximos años si cuando se trace el balance final del Next Generatión y se cierre el paréntesis de esta crisis qué parte del tejido PYMEs y grandes empresas  desaparecerá en términos netos a la vista de la experiencia del reparto de las medidas de apoyo hasta ahora dirigidas a las primeras, especialmente en los tres frentes donde puede haber ya datos: préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ellas por 200.000 M€, orientación  a pequeñas y medianas empresas de la segunda parte de las medidas de polítia monearia (TLTRO’s) adoptadas por el Banco Central Europeo (a cuyos 740.000 millones se sumarán los 750.000 millones del plan europeo que aún no ha empezado a ejecutarse y tardará meses en hacerlo, y participación en el reparto de ayudas europeas a nivel nacional. Hemos visto estimaciones y articulos y noticias, pero datos serioss no tenemos. Podríamos hacer un cálculo de lass que ya no abriránn porque han cerrado, pero no lo sabremos hasta no cerrar ese paréntesis en los prñoximos años, dijo Castells .

Ante otra pregunta sobre la condicionalidad en el reparto de ayudas de los programas nacionales, si los datos permiten hacer comparaciones y estimarla, y mñas en concrero qué papel jugarán en ella los impactoss que tenga cada proyecto subvencionado en los ODS 20-30, señaló que el vínculo no es obligatorio ni hay informacion al respecto al menos en planes nacionales como el español. Así lo apuntaban este miércoles también las nuevas medidas de la Comisión Europea para canalizar el dinero hacia actividades sostenibles ante el Next Generation.

Otra pregunta versó sobre el enfoque o  balance de la economía política de la UE y si terminará siendo un superestado, federación, o confederación o autocracia monetaria, como planteaba hace tres décadas una tesis doctoral realizada por el consejero editorial de Ibercampus.es Gustavo Matías. La respuesta de Castells es que estamos a nedio camino entre elementos federales y confederales y peso muy destacado de lo monetario y quizá en algún espacio la FED norteameriana pesa menos que el BCE en Europa, pero la palabra autocracia no le gusta y lo que falla en Europa es que no existe un gobierno federal como Japón, EEUU y Reino Unido.

“Necesitamos un gobierno europeo con competencias para la actuación directa”

El director de europeG presenta el informe “Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea” en un acto organizado con la colaboración de APIE, según la reseña y conclusiones publicadas por esta Asociación de Periodistas de Informacóon Económica.
 
La situación de emergencia creada por la llegada de la Covid-19 ha servido para demostrar la gran capacidad de supervivencia de la Unión Europea, pero también para poner una vez más de relieve sus carencias organizativas y la lentitud en la toma de decisiones urgentes derivada de su propia estructura. Algo que ya se hizo notar en la crisis financiera de 2008 y que ha vuelto a ponerse de relieve en este último año, cuando el continente aún no se había recuperado de la situación anterior.
 
Estas han sido algunas de las conclusiones expresadas por Antoni Castells, director del grupo de opinión y reflexión en economía política europeG, durante la presentación del policy brief del que es autor “Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea”, en un acto organizado con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información Económica.
 
En principio, la Unión reaccionó con rapidez, aprobando el 9 de abril un paquete de tres medidas de gran calado -240.000 millones en ayudas a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 200.000 en préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones, destinados sobre todo a las pymes, y 100.000 millones a través del programa SURE para cubrir los gastos extraordinarios en desempleo-, complementado con el Next Generation EU (NGEU), adoptado por el Consejo de la Unión el 21 de julio, que comprometía 750.000 millones en subvenciones y préstamos -los famosos fondos de recuperación- para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, la oposición de algunos de los estados miembros -principalmente Polonia y Hungría- ha retrasado la implantación de este último, poniendo de relieve los obstáculos en la gobernanza europea. “Estos acuerdos tienen que tener efecto cuando la economía está mal, no cuando está bien, y un año después todavía no se han puesto en marcha”, ha declarado Antoni Castells.
 
La solución, según el director de europeG, sería continuar avanzando hacia una mayor integración política, “tener un gobierno europeo digno de ese nombre, inequívocamente democrático, elegido por los ciudadanos y con competencias para la actuación directa”, un paso decisivo para el que la Covid-19 debería servir como estímulo, pero que “no será posible mientras no se avance más en la creación de un demos europeo, un sujeto político como tal. Y el mecanismo intergubernamental de hoy es fatal, porque lo que crea es el antidemos”.
 
La aprobación final del NGEU constituirá un gran avance hacia ese objetivo, ya que “si sale bien, será un impulso importante en el proceso de integración política”, ha opinado Castells, mientras que “si sale mal y no se acaba mostrando realmente su utilidad, no se va a hundir el mundo, pero costará mucho volver a poner sobre la mesa una iniciativa de este calado”.
 
Preguntado por las ayudas europeas que recibirá España de estos fondos de recuperación, Castells ha advertido del riesgo de que el dinero se acabe dando principalmente a los grandes grupos que lo reciban más por influencia política que por la presentación de proyectos realmente innovadores, y que con el resto “se haga en paralelo una especie de pedrea para contentar a todo el mundo”, donde las empresas pequeñas reciban cantidades poco más que simbólicas. Lo deseable, ha añadido, es destinar esos fondos a financiar proyectos “que ayuden a las empresas viables a recuperarse, o a dar un cambio en el modelo político”, y que no tienen por qué estar circunscritos al ámbito privado, sino que en algunos casos “los debe liderar el sector público”.
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