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Entrevistas
"El Gobierno ha cedido a las presiones",denuncia la APE
"Muchas de familias en pobreza energética sufren un acoso de las grandes empresas que debe terminar"

    


La Alianza contra la Pobreza Energética reafirmó al vicepresidente Pablo Iglesias sus denuncias y peticiones previas.El Gobierno incluyó al empezar la pandemia entre sus medidas para paliar la crisis y social y económica la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas en los hogares españoles, aunque no se pudieran pagar los servicios.La medida fue ampliada hasta finales de septiembre.Pero en el último paquete del llamado "escudo social", este punto fue eliminado, y les urgieron recuperarlo

En una reunión con la secretaria de Estado Ione Belarra y el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias relizada el pasado jueves, la portavoz de Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano, presentó esta petición entre las conclusiones del Foro de Movimientos Sociales ante la Agenda 2030 y el derecho a una vivienda digna. Les dijo que estas medidas son de emergencia y no pueden esperar al 2030. Son medidas que confrontan directamente al oligopolio y que requieren de un gobierno PSOE-Unidas Podemos valiente que priorice los derechos de las personas ante los multimillonarios beneficios de estas grandes empresas.

Según esa Alianza, en plena pandemia ,y tras más de 35.000 muertes en todo el Estado desde marzo, es inadmisible que 
el Gobierno no haya implementado la extensión de la Moratoria a los cortes
de suministros.La situación actual ha puesto sobre la mesa todavía más claramente cómo los suministros de agua y energía son esenciales para la vida y el bienestar de toda la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. Por todo esto exigimos:


Recuperar de manera urgente la #MoratoriaCortes aprobada en marzo de manera indefinida hasta que no se produzca un cambio legislativo que incluya una protección real contra los cortes. Sin esta medida en las próximas semanas se va a producir una oleada de cortes sin precedentes

Tecla del número dosEn la regulación futura, que incluyan el principio de precaución para proteger contra los cortes, es decir, que la empresa antes de efectuar un corte tenga que preguntar a servicios sociales si la familia que no ha pagado su factura está en situación de vulnerabilidad.

Una tarifa social en función de los ingresos de la persona o unidad familiar, las medidas previstas actualmente como el #BonoSocial eléctrico y el térmico son absolutamente insuficientes y no llegan al conjunto de la población afectada por #PobrezaEnergética

Es necesario en este sentido revisar la definición de consumidor vulnerable y ampliar los baremos de renta, los que existen actualmente dejan a muchísima gente fuera.
En este cambio legislativo también debe incluirse una reducción de la carga fiscal sobre estos suministros y asegurar un precio asequible de los mismos.Es necesario promover modelos de autoconsumo compartido en comunidades energéticas. Promover un consumo local, mucho más eficiente, que reducirá las emisiones de CO2, será más económico, y que incluirá pleno derecho a la participación.

Hay que poner fin también a las prácticas abusivas de las empresas del oligopolio como el acoso para reclamar las deudas o la penalización de familias que no se les permite contratar de manera regular los suministros básicos.

Estas peticiones recuperan la actualidad de la entrevista  concedida la semana anterior a Miguel Muñoz de cuartopoder.es por la presidenta de Alianza contra la Pobreza Energética., María Campuzano, su portavoz, charlan en sobre todo lo que conlleva esta decisión para las familias más vulnerables.

-¿Qué es y a qué se dedica exactamente la Alianza contra la Pobreza Energética?

-Nacimos en febrero de 2014. Somos un movimiento social formado, sobre todo y principalmente, por personas afectadas por pobreza energética y también activistas. El objetivo es luchar par garantizar el acceso universal a los servicios básicos de agua y energía. Cuando nacimos, lo hicimos en primer lugar para dar respuesta a la emergencia, a la gran cantidad y número de cortes de luz, agua y gas que se estaban produciendo. Y con el objetivo de presionar, por un lado, a la administración, que es quien tiene que garantizar estos derechos. Pero también señalar a las empresas que están gestionando estos servicios básicos y a las que nadie les estaba exigiendo responsabilidades. Nosotras sí creemos que son principales responsables de la pobreza energética y por eso las situamos en el centro del problema.

-¿Qué ha pasado entre ese año y el actual, antes de la pandemia? ¿Qué situaciones os encontrabais? ¿Se consiguió algún avance?

-Al principio se hablaba de más de un millón de cortes en el Estado español de agua, luz y gas. Empezamos trabajando sobre todo en Catalunya. Conjuntamente con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatori Desc propusimos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlament. Para poner fin a los desahucios y a los cortes. Hicimos todo el proceso, conseguimos las firmas, casi 150.000. La ley entró en el Parlament y empezó todo el proceso de debate y negociación. Conseguimos que se aprobase por unanimidad en Catalunya. Básicamente, en pobreza energética, esta ley introduce un cambio de paradigma: dar responsabilidad a estas grandes empresas. Lo hace, por un lado, paralizando los cortes a través de lo que llamamos el principio de precaución. Consiste en que las empresas, antes de cortar los suministros, cuando detectan que una familia no puede pagar, tienen que preguntar antes de seguir con el procedimiento, al Ayuntamiento o Servicios Sociales si esa familia está en una situación de vulnerabilidad. Hasta que no se hace esa comprobación no se puede efectuar el corte.

María Campuzano. / Cedida

En Catalunya hemos conseguido gracias a ello parar miles de cortes. La última cifra que dio el Gobierno catalán, en 2017, fueron 40.000 cortes parados. No conseguimos que se actualicen esas cifras pero sabemos que son varios miles más. Para nosotras ha sido uno de los grandes éxitos en Catalunya y estamos intentando que se amplíe al resto del Estado español.

-Llega la pandemia y a organizaciones como la vuestra le saltan todas las alarmas. Al principio se aprobaron una serie de medidas que impedían los cortes de suministros. ¿Cómo vivísteis los primeros meses en esta cuestión?

-El Gobierno hizo esta moratoria en dos fases. Hizo la primera propuesta que era para que la moratoria solo fuese para aquellos consumidores considerados vulnerables. Nosotras, inmediatamente salimos para alertar que eso no iba a proteger a la gran mayoría de la población, porque hay muy poca gente que está registrada como vulnerables. Solo estamos hablando de aquellas personas consideradas vulnerables para la electricidad, que es a través de una ley bastante compleja y que es difícil poder acceder a esta categoría, porque los baremos de renta son muy bajos. Alertamos al Gobierno que dejaba a mucha gente fuera. Dos semanas después amplió esa moratoria a todo consumidor doméstico en su vivienda habitual. Nosotras celebramos mucho esa moratoria porque consideramos que era el primer paso real y efectivo que se hacía para garantizar el acceso a estos suministros básicos para todo el mundo. A nivel del Estado español no existía. El problema, que ya alertamos en su momento, es que no se hizo previsión de qué pasaba con esas personas que estarían acogidas a la moratoria y no podían pagar sus factura. Qué pasaba con esa deuda. Nosotros aquí en Catalunya ya tenemos experiencia de que la gente vaya acumulando deuda y no haya una solución.

"Igual que durante esta pandemia se está pidiendo al sector privado que arrime el hombro, también lo tiene que hacer el sector energético"

Lo que le planteamos al Gobierno era que aquellas personas que fueran vulnerables antes de la pandemia y las que se hubiesen convertido en vulnerables por causa de la pandemia, los suministros para ellas fueran gratuitos. Decíamos eso porque consideramos que tenían que ir a cargo de estas grandes empresas. Porque igual que durante esta pandemia se está pidiendo al sector privado que arrime el hombro, también lo tiene que hacer el sector energético, cuando hablamos además de empresas con beneficios multimillonarios que hacen negocio con la gestión de una necesidad básica para vivir. Tienen que asumir la responsabilidad que implica gestionar servicios esenciales. El Gobierno no hizo caso a esta segunda demanda. Además, lo peor ha sido es que en el Consejo de Ministros de hace unas semanas ha decidido no prorrogar esa moratoria.

-¿Qué creéis que ha podido pasar para que no se apruebe? ¿El papel de las grandes empresas es relevante en la decisión?

-Lamentablemente intuimos que el Gobierno ha cedido a las presiones de las grandes empresas. Por ejemplo el sector privado del agua sí que hizo llegar una carta, poco después de implementar esta moratoria, a la ministra de Transición Energética, pidiendo que la eliminara porque eso iba a implicar un aumento de la morosidad muy grande y que estas empresas no querían asumir. Intuimos que el sector energético, no lo ha hecho tan públicamente, ha debido presionar al Gobierno y han cedido a esa presión. Y al final se dejan al descubierto a miles de familias y en pocas semanas vamos a empezar a ver las consecuencias de acabar con esta moratoria.

-Habéis pedido una reunión con el Gobierno sobre este asunto. No sé si a día de hoy tenéis respuesta

-Pedimos, cuando nos enteramos de que no tenían intención de renovar esa moratoria, una reunión urgente con la ministra. Lo cierto es que todavía no nos han respondido. Lamentamos mucho que la situación sea esta porque además nosotras tenemos la experiencia de Catalunya y tenemos propuestas concretas. Lo que tenemos en la legislación española no es suficiente, deja a mucha gente atrás, a pesar de lo que dijo la ministra en rueda de prensa cuando explicó las razones para no renovar la moratoria. Mientras no se haga un cambio legislativo pedimos que se mantenga la moratoria. Pedimos que se introduzca a nivel estatal este principio de precaución que comentaba antes. En Catalunya está funcionando. Tenemos un ejemplo concreto de que desde 2015 se están consiguiendo parar miles y miles de cortes de suministros. Lo que dijo la ministra de que ya existe protección para el consumidor vulnerable, es para pocas personas. Y además, solo para la electricidad. No para el agua y el gas.

-Sí que se ha ampliado el llamado “bono social eléctrico”. ¿En qué consiste?

"El bono social eléctrico es un mecanismo absolutamente insuficiente"

-Es solo para la electricidad. Y es un mecanismo absolutamente insuficiente por muchísimos motivos. Primero, porque los baremos de renta que contempla para poder acceder al descuento del 25% o del 40% son extremadamente bajos. Por ejemplo, un pensionista que cobre 700 euros ya no puede acceder al descuento y tampoco está protegido frente al corte. O una familia que tenga un hijo de 17 años que cobren 1.100 euros. Se deja a mucha gente fuera. Además, las personas que han accedido a esos descuentos, algunas de ellas tampoco pueden hacer frente a sus facturas. No son descuentos suficientes para muchas familias que están en esta situación. Pero estas son las afortunadas que pueden acceder. El problema es que también es muy difícil acceder porque implica toda una burocracia muy compleja. Hay que entregar muchísima documentación. En nuestras asambleas tenemos personas que, teniendo derecho, les han denegado el bono social 3 o 4 veces. Hay que pedirlo muchas veces hasta que consigues entregar toda la documentación. A veces se les ha denegado por fallos de la propia empresa. Todo lo que tiene que ver con el bono social es insuficiente e ineficaz.

-¿Qué tipo de impactos tiene en las personas que se ven en esta situación?

-La pobreza energética se asocia mucho a cuestiones de salud física. Si no puedes mantener una temperatura adecuada en tu casa tienes más probabilidades de tener enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Pero no solo afecta a la salud física, sino también a la mental. En Catalunya hemos podido solucionar los cortes pero no está solucionada la cuestión de la deuda.

"Muchas de estas familias están sufriendo acoso de empresas que las llaman muchas veces al día e incluso les envían cartas falsas simulando que les mandan a juicio"

. Muchas de estas familias están sufriendo acoso de empresas como Naturgy o Endesa, que las llaman muchas veces al día. Hemos detectado incluso que les envían cartas falsas simulando que les mandan a juicio, cuando no es cierto. Sufren una presión muy fuerte para conseguir cobrar. Y las empresas ya saben que están en situación de vulnerabilidad porque tienen un informe de servicios sociales que confirma que no pagan porque no pueden, no porque no quieran.

-¿Qué tipo de apoyo les podéis prestar a estas familias?

-Trabajamos en asamblea, en un espacio que llamamos asesoramiento colectivo. Se reúnen las familias que están en situación de pobreza energética. La idea no es tanto que haya un experto que explique cómo acceder al bono social, o cómo conseguir recuperar el servicio. La idea es que son las familias que ya han pasado por esa situación las que explican a otras cuáles son los pasos a seguir. Hay un trabajo importante de empoderamiento. Lo que hemos detectado, igual que pasaba con los desahucios, es que la pobreza energética se vive en soledad, con mucho miedo y sentimiento de culpabilidad.

El espacio de asesoramiento colectivo lo que da a las familias es ver que esto no es un problema individual sino que, lamentablemente, es un problema del sistema. Hemos construido un sistema en el que si tú no tienes suficientes recursos económicos no puedes acceder a un bien esencial para la vida como el agua o la energía. No es un problema solo de familias sin suficientes ingresos. Es, sobre todo, un problema, del modelo de gestión de estos servicios que tenemos. Desde ese punto de vista damos ese apoyo. Y desde ese espacio es donde detectamos si las políticas públicas están funcionando o no, dan respuesta o no a las familias. Y también desde ahí trabajamos las propuestas. Por eso creemos que la ley impulsada en Catalunya ha tenido éxito. Porque fue una propuesta hecha desde las propias personas afectadas por esta situación.

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