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Empresas y RSC
Aunque la CNMC se muestra más activa con el actual Gobierno
El empuje de Competencia, frenado ante los intereses del sistema universitario y de las eléctricas

    


El empuje demostrado por la autoridad de Competencia los últimos neve meses, coincidiendo con el final del mandato del actual presidente y con la llegada del PSOE al Gobierno apoyado en especial por Unidos Podemos,se ha frenado ante dos tipos de intereses creados. Uno ha sido el sistema universitario español, donde impera el Banco Santander, y otro la alta sensibilidad de las grandes eléctricas como Iberdrola y Endesa a que se les discutan los beneficios "caídos del cielo",casos del agua y sol

La llamativa demora de actuaciones de la Autoridad española de Competencia en estos dos frentes ha sido observada por Antonio M. Vélez en el diario.es, al informar que la puesta en marcha del estudio sobre el destino de los beneficios caídos del cielo en el sector eléctrico se anunció semanas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) difundiera los resultados de una consulta pública sobre el sistema universitario español, de cara a un informe que el organismo que preside Marín Quemada (catedrático de la UNED) tampoco ha culminado. La noticia llega tras saberse que el promotor del impuesto al Sol pide entrar en la CNMC y tras múltiples anuncios realizados por la propia Comisión sobre sanciones u otras actuaciones que incluimos en esta seccion de empresas y RSC porque afectan a la integridad de mercado o a otros importantes ámbitos del cumplimiento legal, por ejemplo los que se citan en noticias aqui relacionadas sobre Logista y las tabaqueras, las grandes auditoras y antes las consultoras (tareas y sectores que se solapan con posibles conflictos de interés), Telefónica, las constructoras que se repartían concursos ferrroviarios de ADIF y antes otros , farmacéuticas, etc 

En efecto, el 14 de junio del 2016, según contaba Ibercampus.es, Marín Quemada anunciaba en presencia de la vicepresidencia del Gobierno y otros tres Ministros (foto superior) el estudio sobre la universidad, basado en una consulta publica. La autoridad española de Competencia consideraba que existe el potencial de incrementar la eficiencia del sistema educativo respetando otros objetivos de la intervención pública. Por eso anunciaba que recabaría información para elaborar un estudio que analizará el papel de la regulación económica eficiente y la competencia en las universidades. Profesores, estudiantes e instituciones, entre otros, eran llamados a participar en la consulta pública iniciada  y que estaria abierta hasta el 25 de julio de 2016.

Nada se ha vuelto a saber de las conclusiones y consecuencias de ese enfoque a la eficiencia del sistema educativo, ni durante los nueve meses de intensa actividad de Competencia ni en los últimos años de Gobierno del PP de Rajoy, tumbado por una moción de censura justificada en la corrupción y cuya vicepresidencia Saez de Santamaria acaba de fichar por Cuatrecases, uno de los grandes despachos de abogados especializado en planfiicación en la fiscal internacional que antes causó la amnistía de Montoro y la dimisión del ministro de Industria que mintió sobre su presencia en los papeles de Panamá.

La CNMC ha mostrado los últimos 9 meses algún rigor ante tabaqueras, grandes auditoras y consultoras con posibles conflictos de interés, Telefónica, constructoras que se reparten concursos ferrroviarios u otros públicos, farmacéuticas, etc 

Si es conocido, en cambio, el gran interés y presencia del Banco Santander por la universidad y por la prensa, aunque escasamente conocidos los beneficios que obtiene del sistema universitario, al que dos años antes de ese anuncio de la autoridad de Competencia el Banco Santander anunció con gran impacto mediático que destinaría 700 millones a programas universitarios entre 2014 y 2018. Lo realizó Emilio Botín en el acto de clausura del III Encuentro Internacional de Rectores Universia en Río de Janeiro, en cuya red Universia, primero tejida en España y luego en el resto de Iberomérica el Santander siempre ha mostrado gran interés, hasta el punto de invitar a y afrontar gastos de algunos rectores, con el consiguiente escándalo causado por ello en varios medios de prensa ajenos a su influencia. 

Los beneficios que obtiene el Santander a cambio de ese interés por la Universidad son evidentes en muchos campus universitarios, en algunos de los cuales tiene incluso monopolio a la hora de establecer cajeros propios y desplazar a los de otras entidades, así como a la hora de tramitar los ingresos y pagos de las matrículas o becas de los millones de estudiantes españoles e iberoamericanos, al igual que pagar las nóminas a cientos de miles de profesores y personal de las universidades. Las condiciones que podrían afectar igualmente a la competencia y que rondean a los convenios firmados por el banco de los Botín con universidades y gobiernos (estatal, autonómicos y locales) tampoco han sido estudiados ni difundidos.

Los mecanismos de investigación y de denuncia pública se han reducido a medida que avanzan los intereses del Banco Santander y de otros en el sistema universitario, como indican algunos casos de los que Ibercampus.es o algun otro medio han tenido o dado noticia. Como hemos indicado en diversas ocasiones, el Santander tiene presencia publicitaria destacada hasta en las web de grandes universidades o convenios con la conferencia de rectores en virtud de los cuales  éstos han llegado a cederle la app oficial de las universidades públicas, con las implicaciones que ello tiene además en ámbitos como la Competencia y en otros vinculados a la privacidad de los datos, sin que se sepa que Competencia ni la Agencia Espoañola de Protección de Datos hayan realizado investigaciones al respecto. Tampoco las propias universidades españolas o de otros países iberoamericanos, donde escasean o son mermados en su efecto los canales de denuncia, mientras también es sabido que España destaca a nivel mundial por la escana protección pública recibida por los denunciantes en materias laborales u otras vinculadas al cumplimiento legal, a la responsabilidad social corporativa (RSC) o directamente con el fraude y la corrupción.

A falta de medios para investigar en detalle balances independientes de activos o pasivos de esos intereses que rodean al sistema universitario, sí se ha apuntado también en algun medio independiente que el Santander es el banco que saca más provecho a la universidad, como indicamos cuando la muerte de Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos dejaba sin presidente, además de al Banco Santander, a la red de universidades más importante de Iberoamérica y del mundo, Universia, formada ya entonces por 1.290 universidades de 23 países, que representan a 16,8 millones de estudiantes y profesores, según sus propios datos, que presentabamos como "uno de los proyectos de Botín más rentables para el Santander desde el punto de vista tanto promocional como incluso económico".

También se supo en ese contexto que Telefónica y Banco Santander lanzaron la mayor plataforma mundial de educación virtual, MiríadaX, que pretendía llegar a 660 millones de alumnos con cursos gratis, y ser la mayor del mundo en español y portugués. Fue presentada también en el III Encuentro Internacional de Rectores de Universidades Iberoamericanas, tras lo cual Ibercampus.es informó en diversas ocasiones que fue desarrollada en un principio con recursos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyo rector llegó a negar  que la UNED hubiera incurrido en pérdida de posiciones por beneficio de sus consejeros Telefonica y Santander. Ese rector era Alejandro Tiana Ferrer, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez Secretario de Estado de Educación, tras lo cual el Banco de Santander ya presidido por Ana Patricia Botín ha tenido gran protagonismo en distintas actuales del actual Ejecutivo del  PSOE, como antes tuvo en los gobiernos de Mariano Rajoy, a quien Botín apoyó en la campaña del PP ante la red mundial de universidades del Santander, utilizandor el foro mundial de Universia para avalar el discurso del PP, sin entrar en los matices del BBVA sobre que el nivel de empleo previo a la crisis no se recuperará hasta el 2025.

La investigación de Competencia, también parada ante los intereses eléctricos en los "beneficios caídos del cielo" 

Un relato similar al de Ibercampus.es sobre la relación entre los grandes intereses empresariales y Competencia es realizado este lunes por 
Antonio M. Vélez en el diario.es respecto a los "beneficios caidos del cielo" para las eléctricas: 30 meses han transcurrido desde que, en septiembre de 2016, la autoridad de Competencia anunció que había iniciado la elaboración de un estudio sobre el nivel de competencia en el mercado de generación eléctrica en España, tras detectar "de forma preliminar la posible existencia de una serie de impedimentos al desarrollo de una competencia efectiva" y una serie de "ineficiencias" en esta actividad.
El estudio, anunciado el 26 de septiembre de 2016, tendría por objeto "determinar el grado de concentración en el mercado de generación eléctrica y sus posibles implicaciones en términos de competencia, así como la formación de precios en el mercado a plazo y en el llamado pool" o mercado mayorista de electricidad. "Se trata de esclarecer si determinados operadores ostentan una situación de poder de mercado susceptible de alterar el funcionamiento normal del mercado".Entre las empresas que, según indicó entonces la CNMC, podrían aprovecharse de ese hipotético poder de mercado, estarían "aquéllas que cuentan con activos estratégicos (emplazamiento de las centrales, el acceso a los recursos hidroeléctricos, el acceso a combustibles, las restricciones de transporte o los derechos contractuales heredados) cuya propiedad les otorga una ventaja competitiva y que son, además, irreplicables".
"Esto les permite obtener beneficios extraordinarios que, sin embargo, no conllevan una entrada de nuevos operadores, dado el carácter insustituible de los activos que los generan", indicó Competencia, en alusión a los famosos beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a comprometerse a abordar a finales del año pasado en su acuerdo presupuestario con Podemos.
El informe también debía abordar otras cuestiones como el posible poder de mercado de las empresas en el denominado procedimiento de resolución de restricciones técnicas, "dado que éste se circunscribe exclusivamente a la zona geográfica afectada por dichas restricciones y solo las centrales situadas en dicha ubicación pueden participar en resolverlas" o "la posibilidad de hibernación de centrales de generación y sus implicaciones sobre el funcionamiento eficiente del mercado".
"Trabajando en ello"
El informe se anunció unas semanas antes de que la CNMC impusiera a Iberdrola Generación una sanción de 25 millones de euros por manipular el mercado eléctrico, expediente que acabó derivando en un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, todavía pendiente de resolución. Dos años y medio después, la CNMC asegura que su Departamento de Promoción de la Competencia, responsable de la elaboración del informe, sigue "trabajando en ello", en la medida de sus posibilidades.
Competencia atribuye el retraso a, entre otros aspectos, que "la situación es dinámica y está cambiando los criterios" tras las últimas novedades legislativas de un sector sometido a constante revisión regulatoria. Desde que empezaron los trabajos, recuerda la CNMC, "se han aprobado nuevas directivas, se ha acelerado el proceso de descarbonización, hay nueva legislación de autoconsumo y están a punto de salir a consulta pública 13 circulares" normativas que pueden propiciar cambios estructurales en este sector al abordar, entre otros aspectos, el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico.
Competencia no confirma si el informe estará listo antes de que, el 9 de septiembre, expire el mandato (sin posibilidad de reelección) de su presidente, José María Marín Quemada. Una vez concluido ese estudio, el organismo estará obligado a hacerlo público, en virtud del artículo 37 de la Ley de Creación de la CNMC, que establece la publicidad de sus actuaciones.Cuando se anunció la puesta en marcha de ese informe, la dirección de Promoción de Competencia del organismo estaba todavía encabezada por el economista y técnico comercial Antonio Maudes, responsable de un informe a favor de la economía colaborativa que partió en dos el pleno del organismo y que acabaría dimitiendo en septiembre de 2017.

 

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