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Educación
El Rector tapa el caso: "no se ha hecho nada ilegal"
Firmas falsas e irregularidades en un tribunal de la UAM presidido por el Vicerrector de Profesado

    


"Firmas falsas también en la Autónoma: una profesora denuncia un acta manipulada", informa elconfidencial.com, dando cuenta de una catedrática de la Complutense que vio su firma suplantada en un tribunal para adjudicar una plaza. Lo presidía como todos Ángel Baltanás Gentil, profesor de Biológicas y vicerrector de Profesorado de la UAM. El Rector, Rafael Garesse, tapa el incidente: sostiene que lo hizo con permiso y que no hay irregularidad. Pero el caso va a los tribunales. Y no es el único.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) difundió un comunicado que condenaba el caso Cifuentes más de un mes después de iniciarse el escándalo, justo cuando ésta ya había dimitido, considerando "lamentable" que la actuación de las autoridades públicas haya situado a la universidad en el "foco de la atención política y mediática" para "lastrar" su credibilidad y "poner en entredicho el valor de los conocimientos" que transmiten a la sociedad Desde una Comunidad que concentra el 20,5% de los estudiantes universitarios de España.

Al leer este tardío comunicado, profesores y estudiantes de la UAM opinaron que ese Consejo de Gobierno  no estaba muy libre de pecados para situarse en primera línea de lo que decía defender, pues cinco meses antes numerosos medios de prensa informaban que la Inspección de Trabajo, tras visitar más de 30 servicios de la UAM, denunció  la utilización de al menos 376 estudiantes en prácticas externas fraudulentamente para realizar sin contrato tareas internas y propiamente laborales en dependencias de la Universidad, reclamando de momento 308.000 € en concepto de deudas por cuotas a la Seguridad Social. Desde entonces no se sabe que el equipo de Gobierno haya pedido o sido objeto de alguna exigencia de responsabilidades por estas irregularidades. Además, semanas antes de que Cifuentes sucumbiera al clamor por se cese, la Universidad Autónoma de Madrid ocultó el nombramiento del socialista José Manuel Franco como profesor honorario por su evidente politización, según informó el digital OKDIARIO, tras desvelar que el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, fue nombrado profesor honorario en esta universidad por el número 2 de Ángel Gabilondo, quien fue rector en esa misma Universidad y es ahora su actual candidato a la Presidencia autonómica por el PSOE.

Ahora, este primer domingo de mayo el confidencial.com informa que, antes de que estallara el escándalo Cifuentes, la Autónoma había tapado una denuncia sobre un acta manipulada. Se trata de un tribunal en julio de 2017 que dio inicialmente una plaza a una profesora  que figuraba como excluida de la lista de candidatos. Meses después, y para rectificar, fabricaron un acta dejando la plaza vacante —el objetivo según fuentes del caso era que no ocupara la plaza alguien no deseado por el departamento de Historia del Arte—. Pero como no estaban todos los miembros del tribunal alguien simuló la firma de una profesora de la Complutense que ha pedido explicaciones. La Autónoma afirma que solo hubo una confusión y que no es algo grave pero el caso va camino de los tribunales.

El proceso está salpicado de anomalías. El 6 de junio de 2017, la Autónoma (28.000 estudiantes, al norte de Madrid) convocó tres plazas de profesor ayudante doctor para el departamento de Historia del Arte. Son puestos para suplir las jubilaciones de catedráticos, ya que por la crisis no se pueden reponer salvo por puestos más baratos. Las plazas eran para profesor de Historia del Arte Moderno, Medieval y Antiguo. Las dos primeras se cubren sin problemas.

Es en la tercera donde todo el procedimiento se tuerce. La lista provisional de admitidos se publica el 6 de julio de 2017, un mes después de la convocatoria, y ahí fija que hay de plazo para subsanar errores hasta el 20 de julio. Sin embargo, el tribunal se reúne el 12 de julio, cuando los candidatos están en plazo aún para recurrir su exclusión. El tribunal está presidido por Ángel Baltanás Gentil, profesor de Biológicas y vicerrector de Profesorado de la Autónoma, que preside todos los tribunales; Javier Pérez Núñez, profesor de Historia y entonces vicedecano de Profesorado de Filosofía y Letras; Patricia Mayayo, directora del departamento de Historia y Teoría del Arte: una representante de Comisiones Obreras, una profesora de historia del arte y una profesora de Historia del Arte de la Complutense, la única persona ajena a la UAM.

La plaza fue para una profesora que estaban en ese momento trabajando en Londres, con muy buen currículum y que aparentemente por motivos familiares no tenía mucho interés en la plaza. Al ser avisada, esta renunció porque había obtenido un puesto en Cambridge. La sorpresa del resto de candidatos es que el 24 de julio se publica la lista de excluidos, y entre ellos figura la profesora a la que el tribunal le había dado la plaza.

Una portavoz de la Autónoma señala por correo electrónico que la universidad no ve problema en la tramitación , pues el procedimiento se hizo "de forma urgente para asegurar la impartición de la docencia en septiembre".Sobre la selección, afirma que la elegida era "una candidata cuya instancia presentaba un defecto subsanable (falta del sello en su título de doctora)", por lo que el tribunal decidió "no nombrar suplentes dada la diferencia de puntuación obtenida por el resto de candidatos. A la vista de ello se redactó un acta provisional en la que constaba la propuesta de esa candidata, condicionada a que subsanase efectivamente su error".

Cuando a la vuelta del verano comenzó por la facultad la protesta, alguien cayó en que hacía falta un procedimiento nuevo ya que la profesora no había tomado posesión de su plaza. Entonces decidieron elaborar un acta nueva que dejara la plaza vacante. En teoría podrían haber dejado la plaza vacante porque ni el baremo estaba claro antes de la convocatoria. Fuentes próximas al caso atribuyen que se dejara la plaza vacante a un interés del departamento para que la plaza no la consiguiera una de las personas con mejor currículum por un tema de enemistad personal, algo que la universidad niega.

Pero hay un problema. Los miembros del tribunal eran todos de la Autónoma, salvo la directora de departamento de la Complutense y miembro del Patronato del Museo del Prado. Se trata de una persona ajena al caso y que no ha querido hablar para esta información. Además, ella estaba en Estados Unidos en esas fechas. Aun así apareció un acta con su firma falsificada y sin explicar que ella haya delegado la elaboración, según ha podido comprobar El Confidencial.

La portavoz de la Autónoma admite que se hizo de nuevo el acta. "Con el fin de formalizar el acta definitiva, la comisión consideró oportuno requerir nuevamente el consentimiento de todos sus miembros, quienes expresamente reiteraron su decisión anterior, incluido uno que se encontraba en ese momento fuera de España y a quien se le preguntó por correo electrónico acerca de si estaba de acuerdo con lo anteriormente indicado, manifestando este que desde luego lo estaba, conforme a lo previsto". Sí admite que "en la forma de trasladar el consentimiento del miembro ausente al acta definitiva pudo existir una mala interpretación de las indicaciones del miembro ausente. No obstante, con ello en modo alguno se alteró la realidad material de los hechos ni el sentido del voto de los miembros de la comisión, lo que es incontestable, sin que en ningún caso existiese una modificación o alteración maliciosas de la realidad o de la decisión de la comisión juzgadora".

Con el nuevo documento, la plaza queda vacante y comienza el recorrido judicial. Hay al menos un contencioso planteado y además las quejas internas y de la Complutense han llegado al rector de la Autónoma, Rafael Garesse Alarcón, que según fuentes de la Universidad ha minimizado el asunto alegando que no se hizo nada ilegal. Advertida el pasado mes de abril de la falsificación del acta, la profesroa de la Complutense ha pedido explicaciones. El caso acabará en los tribunales porque hay quien plantea un recurso contencioso.

Un juzgado de Madrid ya investiga por falsedad en documento público un caso parecido en la Universidad Rey Juan Carlos, señala también el confidencial.com. Se trata del acta elaborada el 21 de marzo, cuando eldiario.es desveló que Cristina Cifuentes había obtenido un máster en derecho público con notas falsificadas. Ese día, el catedrático director del máster, Enrique Álvarez Conde, conminó a tres discípulas a elaborar un acta para sostener que sí defendió el máster en julio de 2012. Al final tuvo que dimitir. En el caso hay profesores imputados y cargos del PP que hicieron el máster con Cifuentes citados como testigos.

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