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Economía
Andalucía pide paralizar la LOMCE y prestigiar la FP
Nueve comunidades rechazan más recortes en educación y sanidad

    

Nueve comunidades rechazan más recortes en sanidad y educación. Ayer se aprobaron los objetivos del déficit y deuda para 2016-2018, cuota meta es fijarlo es el 0,3% al año que viene, 01% en 2017 y 0% en 2018. Las siete regiones gobernadas por los socialistas, Cataluña y Canarias dieron un rotundo no, ya que supondría un duro golpe para sus principales competencias. Desde Andalucía piden, además, la paralización de la LOMCE y prestigiar la FP, tras dotarla de innovación.

En cuanto a los objetivos de la deuda pública, todas quedan en el 22,5% del PIB nacional en 2016; el 21,8% en 2017 y el 20,9% en 2018.

 En la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó que aplicará "con todo rigor" la Ley de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la corrección del déficit. Montoro subrayó que la consolidación fiscal es lo que está permitiendo a España salir de la crisis, estar a la cabeza del crecimiento económico y crear empleo.

Pese al rechazo mostrado por algunas comunidades, Montoro dijo que, en términos generales, han mostrado su apuesta por la estabilidad, ya que las discrepancias se han centrado en la cuantificación del déficit. En este sentido, el ministro recordó que el "mayor esfuerzo" para reducir el saldo negativo de las cuentas lo está haciendo el Estado. Además, Montoro señaló que, pese a las críticas, el clima de la reunión ha sido de "entendimiento" y que el diálogo con los consejeros ha sido "muy correcto".

Los gobiernos socialistas votaron en bloque en contra. La consejera andaluza, María Jesús Montero, lamentó la "insensibilidad" de Hacienda al imponer su voto, a pesar del rechazo mayoritario de las Comunidades Autónomas. El responsable de Aragón, Fernando Gimeno, consideró que "no se puede pedir" a las autonomías, que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales, que pasen de un objetivo del 0,7% a uno del 0,3%. Para el consejero de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, el reparto del déficit que propone el Ejecutivo es "absolutamente injusto". La consejera balear, Catalina Cladera, exigió una mejor distribución "vertical" entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Desde Castilla-La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz calificó el esfuerzo que se exige a las autonomías de "exagerado".

El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, calificó el objetivo de déficit de "irreal e ilegal", además de "injusto". "Insistiremos en no aceptarlo y en que se revise", dijo. Explicó que ha exigido que el próximo CPFF encargue a la Autoridad Fiscal Independiente un informe sobre este reparto de déficit. "No damos el tema por cerrado", advirtió. Por otro lado, reclamó que las entregas a cuenta que realice el Estado a Cataluña sean "sensibles" a la "evolución tributaria" catalana. El consejero canario, Javier González Ortiz, también calificó de "injusto" el reparto del déficit.

Castilla y León rompió el voto favorable de las comunidades gobernadas por el PP a la propuesta del Ministerio y optó por la abstención. La consejera Pilar del Olmo consideró que los objetivos son "muy exigentes", y reiteró la necesidad de revisar el modelo de financiación para acabar con el déficit estructural que hay en la comunidad.

Tanto la Comunidad de Madrid como Murcia, Galicia y La Rioja mantuvieron el voto a favor. La madrileña Engracia Hidalgo defendió que la senda de la estabilidad "ha permitido que este país haya salido de la crisis". En este sentido, el consejero murciano, Andrés Carrillo, dijo que la estabilidad es "la clave del crecimiento, el pilar básico".

En líneas generales, los diarios destacan el rechazo de nueve comunidades a los objetivos planteados por el Gobierno. "Las comunidades se rebelan contra el déficit de Montoro", titula EL PAÍS. En este sentido, ABC dice que "los nuevos gobiernos autonómicos se rebelan contra los objetivos de déficit" y EL PERIÓDICO resalta que "las autonomías se rebelan y exigen el fin de la austeridad". También CINCO DÍAS y EL ECONOMISTA subrayan que las comunidades se "rebelan" contra los objetivos de déficit. Desde otra perspectiva, EL MUNDO dice que "Montoro no cede e impone un fuerte ajuste a las autonomías". De igual modo, LA VANGUARDIA señala que "Montoro ignora la rebelión de las autonomías por el límite de déficit". Por su parte, LA RAZÓN destaca que "los nuevos consejeros del PSOE piden a Montoro gastar 12.000 millones".

Recortes y paralización de la LOMCE

La consejera de Educación de Andalucia, Adelaida De la Calle, ha instado a para la implantación de la LOMCE y a "prestigiar" la Formación Profesional, introduciendo novedades como una vía de acceso a la universidad a través de ella, y lograr la "excelencia" en el sistema educativo andaluz.

La nueva consejera, que pretende "blindar las conquistas logradas hasta ahora en cuanto a equidad, igualdad e integración", ha subrayado en relación a la Lomce que es una ley aprobada "sin consenso" y sobre la que quiere que el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se plantee "una parada y reflexión que puede llevar a la derogación de la ley o buscarle una interpretación más acorde a lo que pide la comunidad educativa y la sociedad".

La consejera ha reivindicado la FP como "baluarte para contribuir al cambio del modelo productivo desde el sistema educativo" y en esa línea ha abogado por "prestigiar" su papel, para lo cual plantea incrementar la oferta de plazas en los ciclos de mayor demanda como los de sanidad, servicios socioculturales, automoción y energías renovables, y en permitir que los alumnos tengan una vía de entrada en la Universidad y para que aquellos universitarios que abandonen sus estudios puedan tener un reconocimiento de las materias aprobadas, lo cual requiere una formación intermedia en competencias que se acredite con un diploma universitario equivalente a un primer ciclo de grado universitario, de aproximadamente dos años de duración (120 créditos).

También pretende fomentar la vinculación con la empresa en la FP, y ha anunciado la intención de culminar la tramitación de la Ley de Formación Profesional de Andalucía. Además, tras la intervención de los portavoces de los grupos políticos, ha anunciado una reunión, este jueves, con el profesorado técnico de FP con titulación universitaria que no ha podido acreditar en plazo la formación pedagógica que se les exige, por lo que no obtendrán destino en la próxima adjudicación para el curso 2015-2016 en centros públicos de la comunidad, "unos 200", según los cálculos que han puesto sobre la mesa Podemos e IU, una cuestión a la que cree que se le puede "dar solución dentro de la legalidad".


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